Con el acuerdo alcanzado el pasado 19 de abril entre los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Izquierda Unida, la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que es el título definitivo y oficial que tendrá la futura Ley de la Memoria Histórica, ha recibido 
el empujón definitivo para su aprobación final.
La Ley
La propia denominación de la Ley tiene un importante significado e importancia ya que, según fuentes gubernamentales, “reafirma el espíritu y objetivo de la ley”.
A lo largo de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, el proyecto recoge las medidas con las que el Gobierno pretende “la reparación de estas personas desde una filosofía de concordia y conciliación” y “sin pretensión alguna de rescribir” la historia o volver a interpretarla.
La memoria económica que acompaña al proyecto prevé que su aplicación tenga un coste global de 60 millones de euros, ya que incorpora la ampliación del ámbito de aplicación y la cuantía de pensiones e indemnizaciones a estas víctimas, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la Transición.
El primer origen de la futura Norma hay que situarlo en el verano de 2002 en la exhumación de una fosa común de tiempos de la Guerra Civil en la comarca de El Bierzo. A partir de ahí pasó a ser uno de los puntos integrantes del programa electoral de PSOE con el que ganó las elecciones de marzo de 2004.
El Ejecutivo Socialista, rápidamente, en el mismo año de 2004, encarga la creación de una comisión interministerial, presidida por María Teresa Fernández de la Vega, con el objetivo de elaborar un anteproyecto de ley, estudiar y revisar el estado de los archivos relacionados con el tema, y escuchar demandas de asociaciones que estaban trabajando en la denominada “recuperación de la memoria histórica”.
El Anteproyecto de Ley aparece formalmente en la Cámara Baja en junio de 2006, y todo parece indicar que antes de que termine la presente Legislatura, después de los trámites parlamentarios necesarios, será aprobada.
70º Aniversario del comienzo de la Guerra
El nacimiento y primeros pasos del Anteproyecto de Ley coincidieron en el tiempo con la conmemoración del 70º aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. Con este motivo, el diario El País encargó al Instituto Opina una encuesta sobre el conocimiento, interés e importancia que respecto a ese periodo histórico de la Historia de España existe entre la ciudadanía española.
En el barómetro se incluyeron hasta cuatro preguntas directamente relacionadas con el Anteproyecto de Ley. Las respuestas de los encuestados reflejan una clara división en el seno de la sociedad española, plenamente equiparable a la existente en el arco parlamentario español a la hora de tratar el tema de la Guerra civil y sus víctimas. Verbi gratia, el 55% de los encuestados cree conveniente la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica; ese es prácticamente el mismo porcentaje de parlamentarios (todos salvo los del Partido Popular) que apoyan la Ley en la Cámara Baja.
Esta división de posturas entre los participantes del barómetro respecto a la propia Ley de Memoria Histórica no quiere decir que exista un desinterés en una parte importante de la sociedad española por el tema de la Guerra Civil. De hecho, la mayoría de los encuestados, un 65%, son partidarios de que se investigue todo lo relativo a la Guerra Civil, se descubran fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados. Y un 64% de las personas que contestaron dice estar en total desacuerdo a la afirmación “lo mejor que se puede hacer sobre el 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil es no hablar ni investigar nada”.
Uno de los apartados incluidos en la Ley trata la retirada de monumentos, estatuas o calles dedicadas a recordar el inicio de la 
Guerra Civil o sus protagonistas. Sobre este asunto la división entre la ciudadanía, según refleja la encuesta del Instituto Opina, es manifiesta. Así, el 43% de los encuestados son partidarios de preservar esos elementos mientras que el 41% lo son de su retirada total de las calles.
Cómo reza el propio título oficial de la Ley, ésta tiene un especial interés en el resarcimiento de las víctimas de la Guerra Civil. Víctimas de la guerra que un 42% de los encuestados reconoce tener en su familia. Resulta cuanto menos curioso que este porcentaje es considerablemente más bajo que el de los que creen conveniente la Ley de la Memoria Histórica. Lo que quiere decir que un porcentaje bastante alto de españoles tiene interés en que la Norma salga adelante aún sin tener ningún tipo de relación familiar con víctimas de la guerra fratricida que arrasó España en la cuarta década del siglo XX.
En este sentido, hay que destacar cómo después de 40 años de Dictadura y más de 30 de Democracia, lo ocurrido el 18 de julio de 1936 en España, es decir, el Golpe de Estado del General Franco, es objeto de conocimiento del 74% de los españoles, según indica la encuesta.
Una fecha, esa del 18 de julio de 1936, que le produce un sentimiento negativo al 68% de los encuestados. Por el contrario, no le produce ningún tipo de sentimiento a 16% de ellos. Hay que destacar respecto a esta cuestión de los sentimientos cómo un 20% de los encuestados dice que esa fecha no le produce ningún tipo de sentimientos, mientras que cerca del 5% afirma tener un sentimiento positivo respecto a esa data.
Situación actual y la Guerra Civil
En la encuesta encargada por El País, se preguntó acerca de una posible equiparación entre la situación política que se vive en la España del siglo XXI y la que existía en los años precedentes al inicio de la Guerra Civil. No en vano, muchos analistas, especialmente desde la Derecha, califican la vida política española actual de “guerracivilista” en relación al enfrentamiento ideológico entre la Izquierda y la Derecha.
A este respecto, los españoles son mucho más optimistas, como lo demuestra la encuesta realizada por el Instituto Opina. Y un 74% de los encuestados no cree que actualmente exista algún peligro de que pueda repetirse una situación de Golpe de Estado similar a la de julio de 1936. La contradicción viene dada por el hecho de que hasta un 55% de los participantes en el barómetro sigue creyendo que a día de hoy continúa habiendo dos Españas enfrentadas. Curiosamente, este último porcentaje es muy similar al de los encuestados que creen conveniente la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica.
