La Ley de la Memoria Histórica se ha convertido en una de las grandes banderas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue uno de los compromisos electorales del PSOE en las elecciones de marzo de 2004. Y todo parece indicar que acabará saliendo adelante y será aprobada por el Parlamento Español antes de que termine la presente Legislatura.
Pero el todavía Proyecto de Ley se ha convertido, al mismo tiempo, en uno más de los ejes de la polémica en la política nacional española. Se ha llegado a tan alto grado de discusión respecto a esta futura norma que lo más lógico es pensar en lo innecesario y apropiado de la Ley, que hace referencia a un periodo histórico de la Historia de España desde el que han transcurrido ya más de 70 años.
La Ley, inmersa aún en los necesarios trámites parlamentarios para su aprobación, se está gestando sin el consenso general de la clase política española. Es verdad que, después de diferentes pactos y acuerdos políticos entre el PSOE y diferentes grupos de la Cámara Baja, la Norma cuenta con el apoyo de todo el arco parlamentario español salvo con el del Partido Popular. Pero no hay que olvidar que los populares representan a diez millones de españoles y, por tanto, todo consenso en el que no esté incluido el partido de la derecha española no es digno llamarse tal.
El acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas que si ha existido en el caso de legislaciones anteriores referidas al mismo periodo histórico. Hay hasta 10 precedentes a esta Ley sobre diferentes vertientes del mismo problema. Aprobadas todas ellas bajo Gobiernos de distinto signo político, tanto estando en el Poder la Izquierda como la Derecha. Esto significa que no es imperativo legal que una Ley de este tipo salga aprobada durante esta Legislatura tanto si cuenta con el apoyo del Partido Popular como si no.
Además, la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que es el título definitivo de la futura norma, a pesar de lo que plantean las fuentes gubernamentales no cumple ni siquiera los objetivos que su propia denominación implica. Por ejemplo, la Ley no reconoce los asesinatos contra el clero, las checas, y ni siquiera las propias matanzas dentro del propio bando.
Efectivamente, las víctimas de la Guerra a manos de los republicanos fueron reconocidas y homenajeadas durante la Dictadura Franquista pero la Democracia todavía no se ha encargado de ellas en ese sentido. Y si se quiere alcanzar una verdadera reconciliación nacional, a este nivel, las víctimas de ambos bandos han de recibir una equiparación total por parte de este sistema político en que convivimos en plena libertad e igualdad.
El proyecto de Ley tampoco cuenta en su favor con el consenso necesario desde el punto de vista social. Al igual que sus representantes políticos, la ciudadanía española está dividida a la hora de posicionarse. Los odios y rencores están a flor de piel, como lo demuestra la aparición en diferentes medios de prensa escrita de esquelas con nombre de asesinados durante la Guerra Civil tanto de un bando como del otro. Y actitudes de este tipo y similares se han visto multiplicadas desde que el debate de la Ley de la Memoria Histórica ha salido a la luz. Esta situación hace que muchos sociólogos, como Amando de Miguel, califiquen como poco menos que inoportuno al Proyecto de Ley. Y demuestra que las actitudes de Perdón, Olvido y Reconciliación entre todos los españoles que tan importantes fueron durante la Transición han desaparecido del panorama nacional.
No es el momento de ocuparse de un asunto que tan hondo cala en el alma de los españoles. No, al menos, de la forma en que lo hace la Ley de la Memoria Histórica. La solución está en suspender su tramitación parlamentaria o reelaborarla desde sus cimientos y convertirla en una Ley que, realmente, satisfaga a todos. Esto es, convertir el tratamiento de la Guerra Civil, y todo lo que conlleva, en el resultado de un verdadero Pacto de Estado.
